La tutela que puede reactivar el derecho a buscar reparación
En el Consejo de Estado se encuentra en trámite una tutela histórica que busca revertir un fallo de enero de 2020 que estableció un plazo de dos años para que las víctimas demanden al Estado por crímenes de lesa humanidad y guerra. Ese plazo ha servido como barrera para muchas familias afectadas por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, negándoles acceso a la reparación integral.
La acción agrupa a más de 75 víctimas que exigen que ese tipo de crímenes no prescriban ni queden sometidos a plazos rígidos. El objetivo es que se reconozca la imprescriptibilidad de los casos de crímenes atroces y que se garantice el derecho irrestricto a la justicia, en línea con estándares nacionales e internacionales.
El rol de Rafael Gaitán y Gaitán Gómez & Asociados
El abogado Rafael Gaitán, de la firma Gaitán Gómez & Asociados, ha sido uno de los voceros jurídicos más activos en este caso. Gaitán ha liderado el esfuerzo al presentar esta tutela, argumentando que la norma de caducidad vulnera los derechos fundamentales de las víctimas y obstaculiza su reparación efectiva.
¿Qué se busca con esta tutela?
- Declarar inoperante la decisión del Consejo de Estado que impone el plazo de dos años.
- Abrir un espacio legal para que las víctimas puedan demandar al Estado sin restricciones temporales injustas.
- Reafirmar estándares internacionales como los de la Corte IDH y la Corte Constitucional, que respaldan la imprescriptibilidad de los crímenes graves.
